El sol de finales de mayo dibujaba la silueta del rostro de Juan Maldonado mientras caminaba sobre el puente, un pequeño ramo de flores violetas y blancas en la mano.
En silencio, condujo a un pequeño grupo de dolientes hasta el punto donde su hermana saltó a su muerte desde un paso elevado de Mount Vernon. Abajo, en la I-5, coches llenos de vacacionistas regresaban a toda prisa a casa después del fin de semana de Memorial Day.
Al llegar al lugar, se aferró a la baranda y se le salieron las lágrimas.
“Estaba hecha un esqueleto con ropa”, dijo con la ayuda de un intérprete, recordando la última vez que había visto a su hermana antes de su muerte en 2020. “Tenía una expresión diferente ese día. Le veías el dolor en la cara”.
Leticia Maldonado Reyes sufría de dolor severo luego de una lesión en el trabajo en 2016. Cuando tuvo dificultades para regresar a su trabajo empacando frutas y verduras para una compañía de Skagit Valley, intentó extender su reclamo de compensación para trabajadores, un seguro respaldado por el estado que provee atención médica y pagos de reemplazo de salario para personas que se lesionan en el trabajo.
Un año después de su lesión, Maldonado Reyes le dijo a su profesional médico que todavía sufría de dolor con ardor y entumecimiento en la rodilla izquierda todos los días. Los registros de su caso, proporcionados por la familia, revelan que médicos contratistas del Departamento de Labor e Industrias rechazaron sus quejas.
Un médico escribió que Maldonado Reyes tenía “comportamiento de dolor subjetivo fuera de proporción con las observaciones objetivas”, indican sus registros. Otro doctor contratado por Labor e Industrias calificó de dudosa la validez de sus reclamos.
Pese a contar con el apoyo de su propio médico, Maldonado Reyes perdió sus pagos de reemplazo de salario. Se sumió en una depresión y una crisis económica mientras apelaba la decisión, según su hermano. Se quedó en la calle y se aisló de su familia.
“Incluso sus hijos, no hablaba con nadie, no confiaba en nadie”, explicó Maldonado. “Se sentía inútil porque no podía trabajar”.
Los 3.8 millones de trabajadores de Washington presentaron más de 111,500 reclamos de compensación para trabajadores el año pasado, la mayoría de los cuales fueron aprobados y extendidos sin oposición, según datos de Labor e Industrias.
Pero un sistema creado para proveer a los trabajadores atención médica oportuna y reemplazo de salario también obliga a muchos a someterse a una serie de examinaciones por médicos escépticos y barreras legales, lo que conduce a un proceso de apelaciones que revoca las decisiones de Labor e Industrias en aproximadamente un tercio de los casos. Trabajadores explicaron a Cascade PBS que las barreras obligan a algunas personas a soportar lesiones cada vez peores, inestabilidad económica o problemas de salud mental.
Durante años, los legisladores y la corte suprema del estado han aclarado que los funcionarios deben resolver las disputas en materia de compensación para trabajadores a favor del trabajador. Brenda Heilman, subdirectora de servicios de seguro en Labor e Industrias, dijo que el objetivo final del departamento es proveer a los trabajadores la atención que necesitan para recuperarse y volver al trabajo.
“Nos empeñamos en crear un sistema que resulte fácil de usar y accesible para todos los trabajadores, y que trate justamente a todas las partes”, escribió en un correo electrónico. “No poder trabajar, o recibir atención médica que no les ayude a progresar, puede causar sufrimiento adicional para los trabajadores”.
Maldonado dijo que su propio reclamo de compensación para trabajadores se alargó durante más de nueve años por un error en los documentos. Luego de que Maldonado se lesionó de la espalda y el cuello cuando cambiaba la llanta de un tractor en 2007, Labor e Industrias cerró su caso hasta que su abogado descubrió que una clínica no había enviado una orden para una resonancia magnética.
En el tiempo que tomó para que el reclamo se abriera de nuevo, según Maldonado, sus lesiones empeoraron: “Mi cuerpo se había deteriorado todavía más porque no prestaban atención”.
“Creo que existe un sesgo”, indicó. “Labor e Industrias está del lado del empleador, no del trabajador”.
Un “gran arreglo”
Presentar un reclamo por compensación para trabajadores es típicamente el único remedio disponible para un trabajador lesionado.
Aproximadamente el 75 % de los trabajadores de Washington están cubiertos por el sistema de compensación para trabajadores administrado por el estado. Labor e Industrias paga aproximadamente dos mil millones en compensación al año, según cifras del departamento. Empleadores y empleados contribuyen al sistema para cubrir sus costos. El otro 25 % de empleados forman parte del sistema de autoseguro, donde las compañías administran su propio seguro de compensación para trabajadores. Labor e Industrias ejerce ciertas funciones de fiscalización de estos reclamos.
Se trata de un sistema “sin culpa” que provee a trabajadores compensación directa por lesiones sufridas en el trabajo, pero que típicamente no les permite demandar al empleador por daños adicionales. Se puede demandar solo a empleadores que lesionan intencionalmente a los trabajadores.
Este “gran arreglo” fue parte central de la Ley de seguros industriales de 1911, promulgada en una época en que había cada vez más trabajos de fábrica y las leyes existentes no protegían suficientemente a los trabajadores lesionados.
En 1971, legisladores agregaron una línea para codificar un principio que los tribunales del estado habían reconocido por años, que cuando se producían desacuerdos sobre cómo aplicar la ley, el trabajador lesionado debía recibir el beneficio de la duda.
“No deberían tener que librar una batalla para recibir atención médica. No deberían tener que librar una batalla para recibir compensación por tiempo perdido u otros tipos de servicios a los cuales tienen derecho en virtud de su reclamo”, aclaró Patrick Pleas, un abogado del Northwest Justice Project. “He descubierto en mi trabajo que no siempre es así”.
Los empleadores tienen acceso a la información médica de trabajadores lesionados, incluyendo diagnósticos, tratamientos e información de salud mental. Pueden pedir también que Labor e Industrias contrate un tercer médico para dar una segunda opinión y evaluar los diagnósticos y tratamientos indicados por el médico principal del trabajador.
No todos los doctores pueden tratar a trabajadores lesionados; solo pueden hacerlo los que se unen a la red de Labor e Industrias.
Heilman, de Labor e Industrias, dijo que los funcionaros reconocen que diferencias de idioma u otros factores pueden crear barreras, pero que el departamento se empeña en crear un sistema que resulte accesible para todos los trabajadores y que trate justamente a todas las partes.
El departamento exige que los profesionales médicos provean un intérprete cuando se necesite y que ofrezcan la traducción de documentos al idioma de preferencia del trabajador. El programa tiene una sitio web completo en español y trabaja con una estación de radio en español para difundir información. El Consejo Laboral del Estado de Washington, con apoyo de Labor e Industrias, cuenta con un centro de atención con personal bilingüe.
“Creo que el sistema puede resultar confuso para un trabajador cuando se vuelve más complejo”, dijo Heilman. “Estamos aquí para asegurar que reciban los beneficios a los que tienen derecho, con representación legal o sin ella”.
Dijo que cree que el sistema sin culpa resulta conveniente para los trabajadores porque no tienen que presentar una demanda para recibir atención después de sufrir una lesión en el trabajo.
“No tienen que recurrir al litigio para probar que tienen derecho a un reclamo de compensación para trabajadores”, dijo.
Costos legales
Todos los jueves, poco antes del mediodía, Maldonado maneja de su casa a una clínica cercana en un edificio bajo gris y blanco en College Way en Mount Vernon, donde se reúne en torno a una mesa en una sala de conferencias sin ventanas con otros trabajadores hispanos que han sufrido lesiones en el trabajo. Todos contrataron a abogados cuando sus reclamos se encontraron con barreras y necesitaban ayuda para apelar una denegación de atención médica o compensación por tiempo perdido de parte de Labor e Industrias. Explican que su meta es reformar el sistema para reducir el sesgo contra el trabajador.
Raymundo Ponce también está sentado en la mesa. Lleva gafas de sol para cubrir un tic en el ojo izquierdo que atribuye a la examinación tosca de un doctor de Labor e Industrias. El hombre de 63 años explica que el dolor crónico resultante de una lesión sufrida en el trabajo en 2014 lo ha llevado a urgencias en varias ocasiones y que ha tenido pensamientos suicidas.
Labor e Industrias ha dejado de enviarle a Ponce sus pagos de compensación por tiempo perdido dos veces luego de que doctores contratados por el departamento consideraron que era capaz de trabajar, según indican sus documentos. Uno de los doctores calificó de “magnificados” y “exagerados” sus síntomas.
En los dos casos, un abogado presentó una apelación exitosa contra las decisiones de Labor e Industrias ante el Consejo de Apelaciones al Seguro Industrial (BIIA), la entidad estatal que decide las disputas de compensación para trabajadores, y los pagos se reanudaron. Contratar esa representación legal le costó a Ponce el 30 % de su reemplazo de salario en honorarios, según sus documentos.
Ponce dijo que mientras estaba esperando que volvieran a comenzar los pagos de reemplazo de salario, debió vender su camioneta y hacer retiros de su fondo de jubilación. Sigue esperando una cita de Labor e Industrias para la operación en su rodilla derecha, y dijo que Labor e Industrias denegó su reclamo de atención de salud mental.
“Te hace sentir desesperado. Te hace sentir que te lleva al punto de querer quitarte la vida”, expresó Ponce, con la ayuda de un intérprete. “No les importamos para nada. Solo quieren que desaparezcamos”.
Los trabajadores deberían poder navegar el complejo sistema sin ayuda y, en muchos casos, pueden hacerlo, cuando se trata de lesiones poco graves que no obligan a dejar de trabajar, o no por mucho tiempo. Pero trabajadores que sufren lesiones más importantes dicen que el camino a la recuperación es más complicado. Muchos contratan a un abogado para asegurarse de recibir una compensación completa.
“Si no tienes abogado”, dijo Ponce, “no tienes nada”.
Pero los abogados cobran caro, frecuentemente quedándose con el 15 o 30 % del pago. Un estudio financiado por el estado y realizado por una firma externa en 2024 reveló que la representación aumentaba la compensación en un promedio del 2.4 %, o $3,000. Datos del estado muestran que las tres cuartas partes de los trabajadores que presentaron una apelación ante el BIIA contrataron a un abogado para representarlos.
“Lo peor para los trabajadores — y siempre fue así, y es cada vez peor — son los costos del litigio”, precisó Craig Stewart, un juez administrativo jubilado del BIIA. “Es generalizado. Es horrible. La gente no se lo puede permitir”.
Stewart trabajó en el Consejo durante una parte importante de su carrera. Dijo que no hay mucho dinero en el sistema. La atención médica típicamente se cubre, y tal vez cierta cantidad de entrenamiento vocacional, pero la compensación a los trabajadores que son capaces de volver al trabajo generalmente es poca.
“La gente no comprende eso. Creen que tienen derecho a más. En el esquema general, sí, tienen derecho a más”, apuntó Stewart, “pero el sistema de prestaciones no está allí para ti”.
Apelaciones y más apelaciones
De los más de 100,000 reclamos que Labor e Industrias recibe por año, el departamento dice que aprueba cerca del 85 % luego de una revisión inicial. De estos, la mayoría sigue su curso sin disputa, mientras que otros reclamos que inicialmente fueron aceptados en el sistema pueden recibir la oposición del departamento o del empleador.
A lo largo de la vida de un reclamo, un administrador de reclamos sigue la recuperación del trabajador, autoriza los tratamientos y contrata a médicos para evaluar diagnósticos o reclamos difíciles de decidir. Cuando existen objeciones a estas decisiones de Labor e Industrias, los trabajadores o empleadores pueden presentar una apelación ante el Consejo. El Consejo reportó que recibió aproximadamente 10,500 apelaciones el año pasado, de los cuales aproximadamente el 87 % fueron presentados por empleados.
En más del 40 % de estas apelaciones, Labor e Industrias aceptó voluntariamente reconsiderar su decisión o el Consejo revocó la decisión, según un análisis de datos de los últimos cinco años realizado por Cascade PBS.
“Un sistema tan ineficiente y fallido desanima a muchísimos trabajadores de siquiera tomarse la molestia”, dijo Lee Thomas, un abogado de Bellevue especializado en litigar apelaciones de compensación para trabajadores y miembro de la Washington State Association for Justice.
Thomas argumenta que Labor e Industrias mide el éxito del tratamiento por la rapidez con que la persona vuelve al trabajo.
“Es la peor manera de valorar el tratamiento”, explicó, “porque no toma en cuenta si el dolor ha mejorado”.
Después de que un trabajador presenta una apelación, y antes de que llegue al Consejo, Labor e Industrias tiene una oportunidad de reconsiderar su decisión. Esto ocurre en aproximadamente el 20 % de las apelaciones presentadas, según datos del Consejo.
De las apelaciones que el Consejo considera, las decisiones de Labor e Industrias son revocadas en aproximadamente un tercio de los casos, según un análisis de Cascade PBS.
Heilman, de Labor e Industrias, dijo que las decisiones del departamento pueden ser revocadas en base a nueva información o luego de negociaciones con el trabajador.
“Dentro de la categoría de las revocaciones, hay subcategorías”, dijo Heilman.
Una vez agotadas las apelaciones ante el Consejo, el caso puede ser referido al tribunal superior local. Los tribunales deciden revocar las decisiones de Labor e Industrias en aproximadamente un tercio de los casos.
Thomas contó que, de ocho casos en que apeló una decisión de Labor e Industrias el año pasado, seis de los clientes eran personas de color. Ganó siete de los casos. “El sistema está hecho para personas blancas, que hablan inglés, y que tienen cierto nivel educativo”.
El personal que evalúa los reclamos no tiene en cuenta las experiencias de vida del trabajador, lo cual puede conducir a un sesgo implícito e inconsciente de denegaciones y gestión inadecuada de reclamos.
“Puede ser una parte importante de la razón por la cual tienden a ser personas de color, personas con diferentes idiomas, las que terminan en el litigio”, dijo.
“Me sentí vindicado”
Uno de los clientes más recientes de Thomas peleó por su reclamo por siete años. Al comienzo, apuntó Jerald McClinton, no había problemas con su reclamo por compensación. Recibió atención médica y pagos de reemplazo de salario luego de que su mano quedó atrapada en una enorme máquina procesadora de papel higiénico.
McClinton, un residente de Vancouver, llevaba casi tres años trabajando en la fábrica de papel antes de su lesión.
Su reclamo se paralizó cuando Labor e Industrias lo cerró luego de enviar a un investigador para vigilarlo y de acusarlo de no estar lesionado porque lo vieron usando la mano lastimada. Los registros del tribunal después mostraron que su profesional médico le había ordenado usar la mano más para promover la recuperación.
“Trataron de pintarme de mentiroso y decir que estaba manipulando a mi doctor”, dijo McClinton en una entrevista con Cascade PBS. “Estuve atrapado en la máquina por más de 15 minutos mientras me desgarraba la palma de la mano”.
El departamento luego le ordenó reembolsar los $40,000 en pagos de reemplazo de salario que había recibido. Buscó representación legal y apeló la decisión. Siguió apelando una y otra vez, y su caso pasó por los procesos del BIIA hasta llegar al tribunal superior.
McClinton dijo que tener que probar su caso una y otra vez resultó agotador. Se atrasó en sus cuentas después de que sus pagos de reemplazo de salario fueron suspendidos. Comenzó a manejar para Uber cuando el dolor era tolerable.
En marzo, en el tribunal superior, un jurado anuló la decisión de Labor e Industrias y ordenó al departamento que reabriera su reclamo y le proporcionara tratamiento para el trastorno de estrés postraumático, síndrome de dolor regional complejo y depresión mayor, según documentos del tribunal.
“Me sentí vindicado”, dijo.
Más de dos meses después de la decisión del jurado, McClinton dijo que todavía estaba esperando a que Labor e Industrias reabriera su caso para que pudiera comenzar el tratamiento.
“Tomaron una decisión de cerrar mi caso falsamente. Y yo gané el caso”, dijo McClinton. “Por qué debo esperar tanto tiempo para que abran el caso?”
Acuerdos extrajudiciales
En el bajo edificio gris y blanco de la clínica, el escritorio de Silverio Arenas está cubierto de pilas de expedientes de compensación para trabajadores. Arenas, un psicólogo que lleva desde los años 1980 tratando a trabajadores lesionados, organiza las reuniones semanales con Maldonado y otros trabajadores.
La reunión sirve como un espacio de terapia social para trabajadores hispanos. Arenas argumenta que Labor e Industrias rechaza injustamente los reclamos de trabajadores hispanos y depende demasiado de intérpretes en vez de asegurarse de que los trabajadores puedan consultar a un médico que hable su idioma y entienda su cultura.
“Estos señores ya sufren de un sentimiento extremo de ser inútiles y sin valor, y de depresión”, dijo Arenas. “Y encima, luego Labor e Industrias trata de hacerles sentir que no valen la pena, o que no cuentan, o que están inventando”.
Matt Ross, un portavoz de Labor e Industrias, dijo que esa alegación “simplemente no es verdad”, citando cifras estatales que indican que los reclamos de trabajadores que hablan español han sido aprobados en una proporción levemente superior, el 89 %, en la última década, en comparación con el promedio de 83.9 % para todos los demás idiomas.
Labor e Industrias fue objeto de alegaciones de trato desigual en 2011 cuando el Northwest Justice Project entabló una demanda, acusando al departamento de no proveer intérpretes para citas médicas relacionadas con la compensación para trabajadores y de no enviar documentos traducidos a trabajadores que no hablaban inglés.
El acuerdo extrajudicial resultante impuso cambios en el programa de acceso lingüístico de Labor e Industrias, entre ellos, la expansión de la lista de idiomas a los que los formularios debían ser traducidos.
Arenas tuvo su propia pelea con Labor e Industrias luego de que el departamento lo acusó de no presentar documentos correctamente y de cobrarle $188,000 de más al sistema, según documentos del tribunal. Arenas, quien respondió con una queja de derechos civiles ante el tribunal federal, dijo que el departamento se la buscó con él por levantar la voz. Las partes finalmente llegaron a un acuerdo en el cual Arenas debía devolver $9,000.
Arenas dijo que quiere que Labor e Industrias elimine la atención médica del sistema de compensación para trabajadores, además del papel del departamento en administrar y aprobar la atención. Esto les permitiría a los trabajadores consultar a cualquier doctor, no solo los que están inscritos con Labor e Industrias.
“Labor e Industrias debería servir para pagar las cuentas”, dijo, “no decidir el tratamiento”.
Unos meses antes de su muerte, Maldonado Reyes llegó a un acuerdo con Labor e Industrias en el cual aceptaba un pago de $4,925 por cerrar un reclamo por su rodilla izquierda, según documentos. Su hermano dijo que Labor e Industrias ya le había denegado una petición de atención de salud mental.
Maldonado dijo que las denegaciones y la presión para volver al trabajo pasan factura.
“Pienso que llegó a un punto en que se sentía inútil”, agregó. “Ya no puedo hacer nada. Soy inútil. Estoy discapacitada. No puedo hacer esto”.
Traducido por Kenneth Barger.
